El envejecimiento de la población en España y el incremento de las necesidades asistenciales han evidenciado las debilidades estructurales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Desde su entrada en vigor en 2007, este sistema, cuya finalidad es el fomento de la autonomía personal y asistencia a personas dependientes mediante servicios acreditados, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos, ha enfrentado dificultades significativas debido a la falta de financiación suficiente, a los largos tiempos de espera para la concesión de ayudas y a las desigualdades territoriales en la prestación de los servicios. Actualmente, aproximadamente de 1.3 millones de personas en situación de dependencia o de discapacidad, que necesitan una ayuda diaria para vivir dignamente, reciben prestaciones económicas para ayudarles en su vida, pero aun millones de solicitudes se acumulan sin respuesta, generando incertidumbre y un sentimiento de desprotección entre los dependientes y sus familias.
El pasado mes de febrero 2025 el Consejo de ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley en materia de dependencia y discapacidad con el objetivo de garantizar que la Administración General del Estado asuma el 50% del coste total del sistema. Esta reforma, que modifica tanto el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social) como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, sobre promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, pretende corregir la insuficiencia financiera crónica que ha limitado la eficacia del SAAD, asegurando una financiación más equitativa y sostenible para mejorar la cobertura y calidad de los servicios.
En este artículo examinaremos en detalle los aspectos clave de la proposición de ley, abordando la evolución normativa del sistema, las principales medidas propuestas y los desafíos que podrían surgir en su implementación.
EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA: PRINCIPALES DESAFÍOS
El reconocimiento del derecho a la autonomía personal y la atención a la dependencia en España se consolidó con la aprobación de la Ley 39/2006, que estableció un modelo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, la Administración General del Estado nunca ha cumplido con su compromiso de aportar el 50% de los fondos, contribuyendo con porcentajes significativamente menores.
A lo largo de los años, se han detectado diversas deficiencias que han limitado la efectividad del sistema de atención a la dependencia:
- las desigualdades territoriales: las comunidades autónomas han asumido una carga financiera desproporcionada, lo que ha generado disparidades en la calidad y accesibilidad de los servicios, afectando especialmente a las regiones con menor capacidad económica;
- la falta de previsión presupuestaria estable: la incertidumbre sobre la financiación impide una planificación a largo plazo, lo que lleva a ajustes improvisados que pueden afectar la calidad del servicio;
- la sostenibilidad financiera comprometida: el sobreendeudamiento autonómico pone en riesgo la continuidad del sistema, obligando a los gobiernos regionales a buscar soluciones temporales para cubrir el déficit.
A este propósito, en la propia Propuesta de ley se evidencia que persisten diversos problemas que dificultan una atención adecuada a las personas dependientes, entre ellos:
- una financiación insuficiente: el Estado ha aportado en algunos casos solo el 14,8% del coste total del sistema, lo que genera una dependencia excesiva de los presupuestos autonómicos;
- unas dificultades en la coordinación interadministrativa: la falta de mecanismos efectivos de seguimiento ha dificultado la implementación de políticas eficaces, provocando solapamientos y deficiencias en la atención.
MEDIDAS CLAVE INTRODUCIDAS POR LA NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY
Para abordar estos problemas, la propuesta de reforma introduce diversas modificaciones que buscan garantizar la estabilidad y equidad en la financiación del SAAD. Entre las medidas clave se encuentran:
1. El refuerzo del compromiso financiero estatal
Para evitar la incertidumbre financiera que ha marcado el sistema del SAAD en los últimos años, el proyecto de reforma propone:
- una modificación del artículo 9 de la Ley 39/2006 para establecer que la Administración General del Estado financiará el 50% del nivel mínimo de protección garantizado, asegurando continuidad a los servicios esenciales;
- la inclusión de un nuevo apartado de la ley de dependencia y de la de discapacidad que obliga al Estado a aportar al menos el 50% del coste total de los servicios y prestaciones, eliminando la incertidumbre sobre la viabilidad del sistema.
2. El mecanismo de seguimiento y control
Una supervisión efectiva es esencial para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros y la correcta distribución de recursos. Para ello se plantea:
- la creación de un sistema de monitoreo que permitirá evaluar periódicamente el cumplimiento de los compromisos financieros, detectando desviaciones a tiempo;
- la transparencia en la asignación y uso de recursos, garantizando que la inversión llegue a quienes más lo necesitan y evitando posibles malversaciones.
3. Clarificación de las obligaciones de las administraciones públicas
La propuesta busca evitar malentendidos sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que se prevé:
- la reforma del artículo 32 de la Ley 39/2006 para especificar que la cofinanciación será del 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, asegurando un reparto equitativo de los recursos;
- el establecimiento de convenios entre la Administración General del Estado y las autonomías para definir criterios de reparto basados en la población dependiente y las necesidades territoriales.
PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA LEY 39/2006 Y AL R.D.Lvo. 1/2013
a) Propuesta de reforma de la Ley de dependencia 39/2006
Las modificaciones que se propone aportar a la Ley 39/2006 tiene por objetivo dos elementos:
- suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia;
- eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años que rige en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, con el fin de blindar derechos para evitar que sean recortados en el futuro.
A tal fin, la nueva propuesta de ley dispone:
- la eliminación de incompatibilidades en prestaciones: se permitirá que una persona dependiente pueda recibir simultáneamente diferentes tipos de ayuda, combinando, por ejemplo, la asistencia domiciliaria y el centro de día (posibilidad que ya se preveía en algunas CC.AA);
- la extensión del sistema de ayuda a domicilio: los cuidadores podrán acompañar a los dependientes a citas médicas y a otras actividades fuera del hogar;
- el fomento del cohousing: se impulsarán modelos de vivienda colaborativa y se destinarán fondos a mejorar la accesibilidad en espacios públicos;
- la ampliación de beneficiarios de prestaciones al entorno relacional: se admitirá que las personas que no tengan familiares cercanos puedan ser ayudados por sus vecinos y/o amigos;
- se introduce un servicio de préstamos de productos como andadores, audífonos o sillas de ruedas.
b) Modificación de la Ley de discapacidad 1/2013
El cambio del Real Decreto Legislativo 1/2013, que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, se inscribiría como un desarrollo normativo del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que se reformó para garantizar más derechos y más dignidad a las personas con discapacidad. Este artículo establece que las personas con discapacidad ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y que los poderes públicos deberán de impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles.
De acuerdo con lo anterior, la propuesta de ley prevé:
- la prohibición de discriminación en seguros: se impedirá que las aseguradoras de vida y salud nieguen coberturas a personas con discapacidad;
- el derecho a la teleasistencia y una supervisión de sistemas de IA para un sistema más eficiente y sin discriminaciones;
- la atención a la situación de las mujeres con discapacidad y la necesidad de asegurar su salud sexual y reproductiva;
- la protección de los niños con discapacidad, enfatizando la importancia de los servicios de atención temprana para favorecer su desarrollo.
BENEFICIOS Y DESAFÍOS DE LA NUEVA PROPUESTA DE LEY
a) Beneficios generales esperados
Las nuevas medidas buscan ofrecer una atención más efectiva y equitativa para los mayores y las personas con discapacidad, garantizando:
- el acceso a servicios de calidad para personas en situación de dependencia y discapacidad, evitando retrasos en la atención;
- una reducción de las desigualdades territoriales, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos sin importar su lugar de residencia;
- una mejor planificación financiera a largo plazo, lo que permitirá a las administraciones desarrollar estrategias más eficientes;
- una disminución de las listas de espera para la atención de personas mayores, mejorando su calidad de vida y reduciendo el impacto de la dependencia en las familias;
- el fin del periodo de carencia: las personas tendrán derecho a recibir las prestaciones desde la fecha de resolución del reconocimiento o desde que hayan transcurrido 6 meses de la presentación de la solicitud.
b) Retos a superar
La implementación de esta reforma no está exenta de dificultades. Algunos de los principales desafíos, ya deducibles a partir de su propio texto, son:
- la necesidad de una dotación presupuestaria adecuada que garantice que los fondos sean suficientes y lleguen a tiempo;
- la coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas para evitar solapamientos o lagunas en la prestación del servicio;
- la evaluación constante del impacto de las medidas, con revisiones periódicas para garantizar que se cumplan los objetivos del nuevo sistema.
En definitiva, la reforma del SAAD representa un avance significativo en la protección y atención a las personas dependientes, garantizando una mayor equidad en la distribución de los recursos y una mejora sustancial en la calidad de los servicios. Sin embargo, su implementación plantea importantes desafíos, desde la necesidad de asegurar una financiación suficiente y estable hasta la coordinación efectiva entre las administraciones.
La Proposición de Ley aun no fue adoptada, aunque su anteproyecto ya fue aprobado el pasado 11 de febrero de 2025. Este paso será clave para determinar el alcance real de las medidas propuestas y su viabilidad a largo plazo.