El mercado de la vivienda en España ha sido objeto de atención constante debido a los crecientes desafíos relacionados con el acceso a la vivienda, especialmente en ciertas áreas urbanas con una alta demanda de alquiler.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, tiene como objetivo fundamental regular el acceso a la vivienda en España, abordando los desequilibrios del mercado inmobiliario y garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas. Dentro de este marco, la ley establece la obligación de colaboración de los “grandes tenedores” de vivienda en las zonas de mercado residencial tensionado como una de las medidas clave para afrontar los problemas derivados de la alta demanda y la escasez de oferta en dichas áreas.
¿Qué son las zonas de mercado residencial tensionado?
Las zonas de mercado residencial tensionado son aquellas áreas donde existe una presión significativa sobre el mercado de la vivienda debido a la alta demanda y la escasez de oferta.
El artículo 18 de la ley establece que las administraciones competentes pueden declarar zonas de mercado residencial tensionado basándose en indicadores como los precios de alquiler y venta, los niveles de ingresos y el esfuerzo económico de los hogares.
¿Quiénes son los “grandes tenedores” y qué papel tienen?
Los “grandes tenedores” son aquellos propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas, que poseen una cantidad significativa de inmuebles, lo cual les otorga una influencia considerable en el mercado local. La definición de gran tenedor puede variar dependiendo de si se trata de una zona de mercado residencial tensionado o una zona no tensionada.
- En zonas no tensionadas: se considera gran tenedor a quien posea más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida superior a 1.500 m2 de uso residencial (excluyendo garajes y trasteros).
- En zonas de mercado residencial tensionado: la definición de gran tenedor puede ser particularizada por la Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que lo justifique en una memoria explicativa. En este caso, puede considerarse gran tenedor a quien posea cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados dentro de dicho ámbito.
De acuerdo con el artículo 19 de la ley, los grandes tenedores de vivienda tienen la obligación de colaborar con las administraciones públicas en las zonas de mercado residencial tensionado. La colaboración implica la obligación de facilitar a la Administración información detallada sobre el uso y destino de las viviendas de su titularidad en dichas zonas. Esta información es crucial para que las autoridades públicas puedan adoptar medidas que favorezcan la disponibilidad de viviendas a precios accesibles y el uso adecuado del parque residencial.
Los grandes tenedores deben aportar información anual sobre los inmuebles que poseen en las zonas de mercado residencial tensionado. La ley exige que esta información se refiera al año natural anterior y debe ser entregada en un plazo máximo de tres meses desde que sea requerida por las administraciones públicas. Entre los datos solicitados, se incluyen:
- identificación de la vivienda: incluye información sobre la dirección, año de construcción, tipo de reforma, superficie y calificación energética, entre otros aspectos.
- uso de la vivienda: los tenedores deben indicar cómo se está utilizando la vivienda (si está ocupada, vacía, alquilada, etc.), y si este uso se ajusta a los planes urbanísticos y territoriales establecidos.
- cumplimiento de obligaciones legales: también deben justificar que están cumpliendo con las responsabilidades legales asociadas a la propiedad, como el mantenimiento y la adecuación de los inmuebles a las normativas de habitabilidad.
Conclusión
La colaboración de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado es una herramienta clave en la estrategia del gobierno para equilibrar el mercado de la vivienda en áreas con alta demanda. Esta ley no solo busca mejorar la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos residenciales, sino también asegurar que el derecho a la vivienda sea accesible para todos los ciudadanos. Aunque representa un desafío para algunos propietarios, la colaboración con las administraciones públicas puede ser un paso fundamental hacia un mercado inmobiliario más justo y equilibrado.