Galicia es una región con una larga tradición agroalimentaria, sustentada por un territorio diverso y rico de recursos naturales. Su gastronomía se basa en productos de gran calidad, provenientes tanto del mar como de la tierra, lo que ha convertido a la Comunidad gallega en un referente en el sector alimentario.
Sin embargo, los cambios normativos en la Unión Europea y la evolución del mercado han hecho necesario actualizar el marco regulador de la calidad alimentaria en la región.
En este contexto, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 1/2024, de 11 de enero, de la calidad alimentaria de Galicia, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad y la excelencia de los productos alimentarios elaborados y comercializados en la comunidad gallega. La nueva ley sustituye a la anterior Ley 2/2005, modernizando los mecanismos de control y estableciendo nuevas exigencias en términos de trazabilidad, etiquetado y certificación y adaptando la normativa gallega a las prescripciones europeas. Además, pone un énfasis especial en la protección de los productos con denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP), producción ecológica y artesanía alimentaria.
En este artículo, te explicamos los aspectos más relevantes de la nueva ley gallega, así como sus efectos en la ciudadanía y en los productores.
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA NUEVA LEY ALIMENTARIA
La Ley 1/2024 regula todos los aspectos relacionados con la calidad alimentaria en Galicia, desde la producción y transformación de los productos hasta su comercialización. Su finalidad es doble: por un lado, proteger a los consumidores garantizando alimentos seguros y auténticos; por otro, respaldar a los productores que apuestan por la calidad y la diferenciación de sus productos (art.1), fomentando una producción sostenible y de alto nivel.
¿A quién se aplica?
Según se dispone en el artículo 2, las disposiciones de la nueva Ley se aplicarán, en materia de calidad y conformidad, a todas las actividades realizadas en Galicia en el sector alimentario, esto es, a las de:
- producción
- transformación
- envasado
- transporte
- conservación
- comercialización
de productos alimenticios y de materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias.
Entre los objetivos principales de la ley se destacan (art.3):
- garantizar la calidad y seguridad alimentaria, asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes;
- combatir el fraude alimentario, estableciendo controles más estrictos en la producción y comercialización;
- promover la unidad de mercado y la competitividad;
- proteger y fomentar los productos con calidad diferenciada, como las DOP, IGP y los alimentos ecológicos;
- disciplinar los consejos reguladores, encargados de supervisar las certificaciones de calidad;
- mejorar el sistema de inspecciones y sanciones, con un régimen más estricto para los infractores.
EL NUEVO CONTROL DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Uno de los pilares fundamentales de la nueva ley es la trazabilidad de los productos. A este propósito, se exige que cada operador alimentario implemente un sistema interno de autocontrol que le permita monitorear sus actividades alimentarias y controlar la calidad de sus productos (art.17).
En este sentido, entre las principales obligaciones previstas en materia de calidad y trazabilidad por la nueva Ley de calidad alimentaria de Galicia se incluyen:
- la obligación de facilitar la información alimentaria en los productos de modo claro y visible para los consumidores (art.21)
- mantener un sistema actualizado de registro de los productos, materias primas y procesos de producción alimentaria realizados (art.22). Además, aquellos registros relacionados con la calidad de los productos y de las operaciones alimentarias deberán de conservarse por al menos seis años;
- la retirada del mercado de productos no conformes, de modo rápido y con la obligación de identificar claramente el destino final de su distribución (art.17.5);
- la posibilidad de someterse de modo voluntario a un sistema de certificación de sostenibilidad agroalimentaria, que implicará controles y evaluaciones para garantizar prácticas responsables en términos ambientales y sociales en el sector alimentario gallego (art.27).
LOS PRODUCTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
La nueva normativa identifica los productos “de calidad diferenciada” y refuerza su protección, implementando un sistema eficaz para su reconocimiento (art.32) y estableciendo un marco más riguroso para evitar falsificaciones o usos indebidos de estas etiquetas.
En particular, se regulan las siguientes figuras de calidad diferenciada:
- denominaciones geográficas de calidad: denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)
- producción ecológica
- artesanía alimentaria: se establecen requisitos más estrictos para que un producto pueda denominarse "artesano" y estar inscrito en el Registro de la artesanía alimentaria (adscrito a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria)
- especialidades tradicionales garantizadas (ETG): serán considerados alimentos tradicionales de Galicia aquellos que se produzcan o comercialicen desde al menos 30 años y que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa UE en materia
- marcas de garantía: promovidas por la administración para certificar productos de alta calidad de Galicia, con desarrollo y mecanismos de control específicos (art.44 y ss.)
- otros regímenes públicos de calidad diferenciada, según la normativa de la UE, estatal o autonómica gallega
LAS INSPECCIONES Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR
Para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa, la referida Ley introduce un régimen de inspecciones más riguroso. En particular, el Título VII de la misma regula la inspección alimentaria, detallando que las autoridades podrán realizar controles periódicos, inspecciones y análisis de productos.
Asimismo, en caso de que se detecten claros indicios de infracción en materia de calidad y conformidad, podrán adoptar medidas cautelares y preventivas (art.96 y ss.).
Además, la nueva Ley introduce un sistema sancionador específico en materia de calidad alimentaria, asignando la relativa potestad sancionadora a la Administración de Galicia y previendo 3 tipos de infracciones administrativas en materia de calidad alimentaria (art.103):
A) leves; entre ellas:
- las infracciones relacionadas con las obligaciones de registro
- las infracciones relativas al sistema de retirada de producto
- las violaciones de las medidas cautelares
pueden suponer sanciones económicas de menor cuantía;
B) graves; como:
- el ejercicio de una actividad alimentaria sin la relativa autorización
- ciertas omisiones o inexactitudes en la información de los etiquetados de los productos
- la aplicación de tratamientos o prácticas no autorizadas
- el no disponer de la documentación registral cuando requerida durante una inspección
Están sancionadas con multas significativas y posibles restricciones comerciales;
C) muy graves; entre ellas:
- la negativa a la inspección
- la falsificación de productos alimentarios
- el uso de nombres comerciales o de denominaciones de calidad diferenciada (IGP, DOP, …) sin tener autorización para ello
- la comercialización de productos falsificados
están sancionadas con multas muy elevadas (hasta un máximo de 3 millones de euros) y pueden llevar a la prohibición de actividad en caso de fraude o incumplimientos reiterados.
EL IMPACTO DE LA NUEVA LEY ALIMENTARIA PARA LOS CIUDADANOS Y LOS PRODUCTORES GALLEGOS
La aplicación de esta ley tiene un impacto significativo tanto para los consumidores como para los productores del sector agroalimentaria en Galicia.
Para los consumidores, la nueva normativa ofrece mayores garantías sobre los productos que adquiere, se reduce el riesgo de fraude alimentario y se garantiza que los productos etiquetados como DOP, IGP o ecológicos realmente cumplen con los estándares exigidos. Además, se promueve la sostenibilidad y la transparencia en la comercialización de los alimentos.
Para los productores gallegos, la ley implica un mayor control y exigencias administrativas. Si bien esto supone un esfuerzo adicional en términos de documentación y certificaciones, también representa una oportunidad para aquellos que apuestan por la calidad, ya que tendrán mayor protección frente a la competencia desleal y el fraude.
En definitiva, la Ley 1/2024, de 11 de enero, de la calidad alimentaria de Galicia supone un importante avance en la regulación del sector agroalimentario de la comunidad gallega. A pesar de algunos desafíos, esta normativa puede contribuir a consolidar a Galicia como un referente en calidad alimentaria, promoviendo una producción más sostenible y competitiva.
La calidad alimentaria no solo es una garantía de salud y seguridad, sino también una oportunidad de desarrollo económico para la comunidad autónoma gallega.